La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha comparecido este martes ante la Comisión de Igualdad del Senado para visibilizar las desigualdades que siguen afectando a las mujeres del medio rural y reclamar una respuesta firme de las instituciones.
Durante su intervención, ha defendido la necesidad de impulsar más políticas públicas con perspectiva rural que garanticen la igualdad real, el acceso a oportunidades y el arraigo femenino en los pueblos de España para evitar la despoblación que asola a las zonas rurales.
Una realidad marcada por la desigualdad y la falta de oportunidades
Durante su intervención, Quintanilla ha recordado que más de 4,7 millones de mujeres viven en el medio rural español, muchas de ellas afectadas por una profunda brecha en el acceso a servicios, empleo, conciliación y participación social. “No podemos permitir que vivir en un pueblo siga significando tener menos derechos”, ha subrayado.
La presidenta de AFAMMER ha denunciado que las mujeres rurales siguen enfrentándose a importantes barreras estructurales como la falta de servicios públicos, la brecha digital, la escasa oferta de empleo o la sobrecarga de los cuidados no remunerados. “En el medio rural, la conciliación no es una opción, es una renuncia diaria”, ha afirmado.
Asimismo, ha alertado de que España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo femenino rural, una realidad que empuja a muchas mujeres jóvenes a abandonar sus pueblos, provocando un grave impacto en la sostenibilidad demográfica de los territorios. “Cada vez que una mujer se ve obligada a marcharse por falta de oportunidades, también se va su familia, su arraigo y parte del futuro del municipio”, ha señalado.
También ha lamentado la escasa presencia de mujeres en los órganos de decisión del sector agrario, donde tan solo ocupan el 4% de los cargos directivos en cooperativas, a pesar de que 250.000 son socias y del importante papel que las mujeres rurales juegan a la hora de sostener la economía familiar y el tejido social de sus comunidades.
Propuestas para garantizar la igualdad y el arraigo
Quintanilla ha puesto sobre la mesa un conjunto de propuestas elaboradas desde la experiencia de AFAMMER en el territorio y el contacto directo con miles de mujeres rurales. “No pedimos privilegios, pedimos futuro”, ha reiterado durante su intervención.
Entre las medidas planteadas, ha destacado la necesidad de que todas las políticas públicas integren de forma obligatoria la perspectiva rural, y ha reclamado la creación de un Observatorio Estatal de la Mujer Rural que permita recopilar datos, evaluar políticas e impulsar mejoras desde una visión con enfoque de género y territorial.
En materia de empleo y emprendimiento, ha solicitado un Plan Nacional de Empleo Femenino Rural, con incentivos a la contratación local, formación adaptada y apoyo al autoempleo, así como el impulso de la titularidad compartida en explotaciones agrarias.
Además, ha exigido una mayor presencia de mujeres en los Grupos de Acción Local, maconmunidades y organizaciones agrarias.
Sobre digitalización, ha reclamado una conectividad total en todos los municipios rurales y más programas de formación digital dirigidos específicamente a mujeres, recordando que aún hoy hay calles en pueblos donde solo una acera tiene acceso a internet: “No podemos hablar de igualdad de oportunidades si el acceso digital depende del código postal”.
Asimismo, insistido en la urgencia de ampliar el alcance del Plan Corresponsables a todos los municipios rurales con financiación estable, así como en la necesidad de reforzar la red de escuelas infantiles y centros de día, y aplicar en el entorno rural la Estrategia Europea de los Cuidados como hoja de ruta para dignificar el cuidado, facilitar la conciliación y reforzar los servicios públicos de proximidad.
En este contexto, ha sido contundente a la hora de pedir que haya un Pacto entre lo Rural y lo Urbano y en ese sentido tendría que plantearse un Plan Integral de Corresponsabilidad y Conciliación para el medio rural.
En materia de violencia de género, ha defendido la creación de un plan específico para víctimas en zonas rurales, con más recursos, formación especializada y campañas de sensibilización adaptadas a las mujeres mayores. Y ha insistido en la necesidad de medidas que favorezcan el arraigo y el retorno femenino al medio rural, con incentivos fiscales, vivienda asequible y apoyo al emprendimiento.
